Un traspaso inmobiliario, también conocido como cesión de derechos, es un proceso mediante el cual una persona (el cedente) que tiene un contrato de compraventa u otro tipo de contrato sobre un bien inmueble, transfiere sus derechos y obligaciones a otra persona (el cesionario).

Los riesgos asociados con un traspaso inmobiliario pueden variar dependiendo del tipo de contrato y de las circunstancias específicas de la operación.

Algunos de los riesgos comunes incluyen:

1. Responsabilidad legal: Si el contrato original contiene cláusulas que restringen o prohíben la cesión de derechos, el cedente podría enfrentar acciones legales por incumplimiento contractual.
2. Solidez financiera del cesionario: Si el cesionario no tiene la capacidad financiera para asumir las obligaciones del contrato, como el pago de la hipoteca, el cedente podría ser responsable de los pagos pendientes.
3. Problemas con el inmueble: El cesionario podría encontrarse con problemas relacionados con el estado del inmueble que no fueron revelados por el cedente, como problemas estructurales, litigios pendientes, o violaciones de normativas de construcción.
4. Cambios en las condiciones del contrato: El propietario anterior podría cambiar las condiciones del contrato, como imponer nuevas restricciones, lo que podría afectar negativamente al cesionario.
5. Complejidades administrativas y burocráticas: La transferencia de un contrato inmobiliario puede implicar una serie de trámites administrativos y legales que pueden resultar complicados y consumir tiempo y recursos.
6. Pérdida de derechos: En algunos casos, el cesionario podría perder ciertos derechos o beneficios asociados con el contrato original al realizar el traspaso, lo que podría afectar su posición legal, financiera o incluso la perdida de la propiedad.



Es importante que tanto el cedente como el cesionario realicen una debida diligencia exhaustiva antes de llevar a cabo un traspaso inmobiliario, incluyendo la revisión detallada del contrato original, la evaluación de la solidez financiera de ambas partes y la obtención de asesoramiento legal y financiero adecuado.

Es por ello que se recomienda adquirir las viviendas nuevas y así obtener las garantías que cada desarrollador otorga.